El Gobierno de Ecuador, a través de la empresa estatal EP Petroecuador y operadores privados, ha desmantelado un total de 174 mecheros de gas en la Amazonía, como parte de un plan para su erradicación definitiva antes de 2030. La iniciativa, que se desarrolla en las provincias de Sucumbíos y Orellana, responde a una histórica sentencia judicial de 2021 que ordena el cese de la quema de gas asociado a la extracción de petróleo para proteger la salud de la población y el medio ambiente.
Del total de mecheros apagados hasta la fecha, 165 corresponden a instalaciones de EP Petroecuador y 9 a compañías privadas. Estas cifras marcan un avance sobre la línea base de 2022, que identificó 424 mecheros pertenecientes a la estatal y 62 a empresas privadas. La eliminación de estas antorchas es una de las acciones prioritarias de la estrategia nacional impulsada por el Ministerio de Energía y Minas.
En el transcurso de 2025, EP Petroecuador ha sobrepasado sus objetivos anuales. La empresa petrolera había proyectado la clausura de 30 mecheros para este año, de los cuales ya han sido desactivados 25, alcanzando así un avance del 83% de la meta propuesta. Además, se están llevando a cabo trabajos para retirar otros cuatro en las plataformas Sacha 470, Sacha 480 y Sacha 380, incrementando el total del año a 34.
El plan no solo contempla el apagado de las llamas, sino también el aprovechamiento del gas asociado, una mezcla de metano, etano, propano y otros gases que antes se desperdiciaba. Para ello, se está implementando infraestructura en el Distrito Amazónico que permitirá generar 64,3 MW de electricidad para 2026, beneficiando a los campos Auca, Sacha, Shushufindi, Indillana y Cuyabeno.
Además, se prevé la industrialización de este recurso en el Complejo Industrial Shushufindi para producir Gas Licuado de Petróleo (GLP) y gasolinas, lo que contribuirá a la soberanía energética del país. Con estas medidas, el gobierno estima una reducción de emisiones de 338.000 toneladas de CO₂ por año a partir de 2026.
La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, ha destacado que el proceso es una prioridad nacional que integra tecnología avanzada, inversión y responsabilidad ambiental para asegurar un futuro más sostenible. El programa es una respuesta directa al fallo de la Corte Provincial de Sucumbíos, derivado de un recurso de protección impulsado por un grupo de nueve niñas y jóvenes de la Amazonía que denunciaron la violación de sus derechos a la salud y a un ambiente saludable debido a la contaminación generada por los mecheros.
El objetivo final es la erradicación total de los mecheros para el año 2030, un compromiso que busca hacer justicia a las comunidades amazónicas y avanzar en la transición hacia un modelo energético más limpio.
