El martes 17 de junio de 2025, el pleno del Consejo de Administración Legislativa (CAL) envió a la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa el tercer proyecto de ley económica urgente propuesto por el presidente Daniel Noboa. La decisión se tomó de manera unánime, a partir de una moción presentada por una asambleísta, con el objetivo de fomentar la protección de los espacios naturales y promover un desarrollo local sostenible.
Entorno y procesos del envío
Este nuevo proyecto representa la tercera iniciativa de carácter urgente con enfoque económico que el Ejecutivo ha enviado a la Asamblea en las primeras semanas de este mandato. Los dos anteriores abordaron temas sensibles como la lucha contra economías informales vinculadas al crimen organizado y la reforma de integridad en la contratación pública, lo que indica un impulso significativo hacia reformas estructurales.
Objetivos principales del proyecto
Se trata de la Ley para la Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local, que cumple con estos fines específicos:
- Protección y sostenibilidad: establecer mecanismos emergentes para reactivar, preservar y vigilar zonas protegidas frente a amenazas como minería ilegal, deforestación y actividades de grupos armados.
- Valorización de servicios ambientales: definir retornos económicos para las comunidades por su rol en conservar los ecosistemas y fomentar una economía verde mediante incentivos a actividades responsables.
- Turismo ecológico: incentivar proyectos de turismo ambiental, científico y recreativo, promoviendo inversión pública y privada, con controles para asegurar mantenimiento ambiental y generación de empleo local.
Proceso legislativo urgente
El Comité de Crecimiento Económico ha sido encargado con la evaluación técnica y la elaboración del informe para la primera discusión. Se cuenta con un periodo de diez días para completar esta tarea, al cabo del cual deberán entregar sus hallazgos. Además, se ha fijado un lapso de cinco días para recoger las opiniones públicas, en conformidad con el artículo 59 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, asegurando así una etapa de participación ciudadana elcomercio.com+7canalrtu.tv+7ecuador221.com.ec+7.
Conexión con otras acciones
En la misma jornada legislativa, el CAL también delegó a otra comisión un plan promovido por el Defensor del Pueblo para erradicar la servidumbre de la gleba, y se encargó a la Comisión de Desarrollo Económico examinar una modificación a la Ley de Fomento Artesanal. Esto muestra una agenda legislativa diversa con un enfoque integral en lo económico, social y ambiental.
Posibles ventajas e impactos
El plan es crucial por distintas razones:
- Reconstrucción del rol estatal: retomar la gestión de territorios afectados por economías ilegales y reestablecer la presencia institucional.
- Impulso económico local: generación de empleo mediante actividades turísticas y de servicios, especialmente en comunidades rurales vulnerables.
- Turismo sostenible: posicionar zonas protegidas como destinos ecológicos para visitantes nacionales e internacionales, con reglamentos ambientales y seguridad.
- Propuestas tecnológicas y logísticas: se prevé el uso de herramientas tecnológicas para monitoreo territorial y apoyo de fuerzas de seguridad donde sea necesario.
Posibles debates y riesgos
- Privatización vs. gestión pública: sectores críticos advierten sobre concesiones a entidades privadas en áreas estratégicas, llamando a mantener la soberanía estatal sobre los recursos naturales.
- Cumplimiento constitucional: hay vozes que piden verificar que el proyecto no incurra en vicios como mezclar materias (ambiental, penal, económica) dentro de una sola norma urgente, lo que podría atrasar o invalidar su tratamiento.
Próximas etapas y retos
Dentro de unos días:
- La Comisión debe elaborar el informe con aportes técnicos, jurídicos y ambientales.
- Se realizarán sesiones abiertas para integrar comentarios de la ciudadanía y organizaciones.
- Tras el primer debate en Pleno, sería necesario definir una discusión más amplia, incorporando visión de ministerios, organismos ambientales y autoridades locales.
- Habrá que vigilar el cumplimiento del plazo y la metodología participativa para garantizar legitimidad.
