La Vicepresidencia de la República y cuatro ministerios activaron, en Ecuador, un plan intersectorial para prevenir el embarazo en adolescentes durante la Semana Andina de Prevención del Embarazo en Adolescentes (22–29 de septiembre de 2025). Participan el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Minedec), el Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) y el Ministerio de Gobierno (MDG), bajo la PIPENA vigente desde 2018. La medida gana relevancia por su enfoque de salud pública y protección de derechos, y por un decreto presidencial de mayo de 2025 que elevó el tema a prioridad institucional.
De acuerdo con el MSP, existe una red conformada por 1.332 establecimientos que proporcionan servicios integrales y amigables para adolescentes, gratuitos, confidenciales y seguros. La mejora de habilidades abarca a 8.685 profesionales acreditados en atención integral para esta franja de edad. Simultáneamente, se han promovido 1.529 clubes juveniles, involucrando la participación de 22.548 jóvenes de entre 10 a 19 años, enfocándose en la promoción de la salud con especial atención en la educación sexual integral. Igualmente, se promociona la línea 171, opción 2, que brinda orientación en salud sexual, salud reproductiva y prevención de violencia.
El Minedec implementa la Estrategia Nacional de Educación en Sexualidad Integral. Según la entidad, aproximadamente 36.000 educadores completaron el curso “Reconocimiento de Oportunidades Curriculares de Educación Integral en Sexualidad” y, en el último año, más de 344.000 alumnos emplearon herramientas y métodos relacionados. Además, 400 expertos fueron formados en “Herramientas para la orientación en salud sexual y reproductiva en adolescentes y jóvenes”, en colaboración con la Universidad Javeriana. La estrategia da prioridad a 1.133 centros educativos y ha concienciado a más de 678.000 alumnos sobre la prevención de la violencia sexual y de género a través del Recorrido Participativo.
El MDH enfoca su acción en la protección integral de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, con 11.700 servidores sensibilizados en derechos para la educación integral de la sexualidad. La política social se complementa con transferencias económicas (bonos y pensiones) orientadas a la inclusión económica y al apoyo a víctimas de violencias, especialmente aquellas asociadas a pobreza y pobreza extrema.
El MDG gestiona 41 Servicios de Protección Integral y 15 Centros Violeta en 40 cantones, proporcionando asistencia a quienes sufren de violencia de género, trata y tráfico. Cuentan con equipos legales, psicológicos y de trabajo social. Estas entidades ofrecen atención, acompañamiento y asesoría en formatos individual, familiar y comunitario, en coordinación con otras instancias del Ejecutivo.
El Gobierno enmarca la respuesta en determinantes sociales: necesidades básicas insatisfechas, barreras de acceso a servicios de salud, déficit de educación integral de la sexualidad y la naturalización de la violencia sexual y uniones tempranas. El decreto presidencial de mayo de 2025 asignó a la Vicepresidencia la conducción política del tema, con mandato para coordinar políticas públicas integrales, planes, programas y proyectos.
Aunque los avances de cobertura y formación son tangibles, aún faltan métricas de resultado para evaluar impacto: tasa actual de embarazo adolescente, metas 2025–2026, presupuesto ejecutado y brechas por territorio y grupo étnico. El próximo paso es publicar indicadores comparables, con línea base y metas trimestrales, para asegurar rendición de cuentas y ajustes de política basados en evidencia.
